En medio de una creciente crisis humanitaria que mantiene a miles de personas confinadas y bajo amenazas constantes en el sur del Cauca, la Gobernación Departamental propuso la creación de una zona de distensión durante seis meses en el cañón del Micay. El objetivo: detener la violencia, proteger a la población civil y abrir un camino hacia el diálogo con los actores armados ilegales que se disputan el control de esta estratégica región.
La iniciativa fue dada a conocer por Antonio Useche, asesor de paz de la gobernación del Cauca, quien explicó que se trata de una tregua temporal que busca frenar los enfrentamientos y, sobre todo, reivindicar los derechos fundamentales de los habitantes de municipios como Argelia, El Tambo y López de Micay.
Hay preocupación por intensificación del conflicto en el Cauca.
Foto:
@FuerzasMilCol
“Porque no proponen una tregua al Gobierno y ahí hablamos de todo lo que está pasando. Es lo más sensato. A la población civil hay que excluirla del conflicto y creo que esta propuesta es la verdadera reivindicación de los derechos de la gente del cañón del Micay”, afirmó Useche.
Un territorio bajo fuego
La propuesta surge en un contexto dramático. En el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, cerca de 5.000 familias se encuentran confinadas como consecuencia del accionar violento del frente ‘Carlos Patiño’, una disidencia de las Farc liderada por alias Iván Mordisco. En total, más de 10 mil personas permanecen en condiciones de aislamiento, sin libertad de movimiento, con comercio cerrado, clases suspendidas y transporte paralizado.
A la presión de la ‘Carlos Patiño’ se suman las acciones del Eln, así como de las disidencias de la Segunda Marquetalia y del grupo conocido como ‘Los Pocillos’. Todos ellos se disputan a sangre y fuego el control del cañón del Micay, utilizando a la población como escudo humano y como instrumento de presión para lograr sus objetivos territoriales.
Soldados caminan por las calles del corregimiento El Plateado, en Argelia, Cauca, zona de conflicto.
Foto:
Cortesía Ejército.
“La gente anda confinada, con temor, alejada de la realidad del resto del territorio colombiano”, denunció Useche, quien ha visitado la zona en varias ocasiones y ha escuchado el clamor de las comunidades campesinas atrapadas en el conflicto.
Intimidación y represión
Los testimonios desde el territorio son alarmantes. Líderes sociales han sido amenazados de muerte por las disidencias, que los acusan de colaborar con grupos enemigos. A la par, el Eln ha declarado como objetivo militar a dirigentes campesinos que consideran aliados del ‘Carlos Patiño’, profundizando así la zozobra y el miedo.
“Todos los días nos amenazan, porque estamos defendiendo nuestro territorio.
Estamos en medio de este conflicto de por lo menos cuatro grupos armados ilegales, y claro está, el Ejército, que viene a sumarse a la guerra
", relató un líder comunitario que pidió anonimato por seguridad.
Recientemente se registró un atentado con motobomba en la zona, lo que elevó aún más la tensión. Aunque hasta el momento no se ha reportado desplazamiento forzado masivo, el riesgo es latente y la situación se monitorea constantemente.
El Gobierno mantiene su posición
Frente a los llamados de los grupos ilegales para que la fuerza pública se retire del territorio, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido tajante: no se retirarán los uniformados desplegados en el cañón del Micay.
La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, reafirmó esta posición y explicó que las operaciones militares continuarán mientras se proteja a la población civil y se garantice el control estatal del territorio.
Autoridades repararon el puente del cañón del Micay, que había sido destruido por disidentes.
Foto:
Particular
“La población está temerosa. Hoy sufre una situación bastante compleja por las amenazas constantes que buscan obligar a la comunidad a presionar la salida de la fuerza pública. Sin embargo, el Gobierno ha sido insistente en que la fuerza pública no se retirará”, enfatizó Perafán.
Una salida en medio del conflicto
Pese a este panorama adverso, la Gobernación insiste en que la zona de distensión no implica una retirada del Estado, sino una apuesta por reducir la violencia y facilitar espacios de diálogo. El modelo propuesto tomaría como referencia experiencias anteriores en el país, aunque con una lógica territorializada y temporal.
Mientras tanto, las comunidades del cañón del Micay siguen esperando una respuesta que supere la lógica de la guerra. Sus voces claman por vida, dignidad y desarrollo en un territorio históricamente olvidado, donde la paz sigue siendo una deuda y un anhelo urgente.
Otra información que le puede interesar
Hay un recrudecimiento de la violencia en el suroccidente.
Foto: